Grupo Impulsor con nueva estrategia para conocer origen del dinero de campañas políticas

 Iniciar contactos con legisladores electos recientemente y entregarles el Anteproyecto de Ley que Regula el Financiamiento Político es el principal compromiso asumido por el Grupo Impulsor para la Regulación del Financiamiento Político tras los comicios generales del 20 de abril. A la vez seguirá la campaña “Mira quien paga” con la recolección de firmas de apoyo a la iniciativa.

La determinación se adoptó tras la evaluación de la campaña de divulgación que entre febrero y abril abarcó debates entre candidatos a la Cámara de Diputados, entrega de materiales informativos en la vía pública en Asunción y principales ciudades del área metropolitana, presencia del Grupo Impulsor a través de banner en ediciones digitales de los diarios ABC y Ultima Hora y seguimiento del gasto de propaganda en televisión abierta del Gran Asunción.

Los contactos con parlamentarios que asumirán el 1 de julio serán tras la proclamación de ganadores por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, prevista para mediados de éste mes. Ciertamente, muchos de los futuros congresistas ya conocen el Anteproyecto por integrar el actual Poder Legislativo y recibieron el documento en su oportunidad, pero existe un grupo que accederá a las bancas por primera vez.

Durante la evaluación se intercambiaron comentarios sobre el impacto que tuvo en la reciente campaña electoral la cuestión del origen del dinero de cada candidatura. Se señaló que a diferencia de anteriores campañas, el tema estuvo en la agenda de debates y publicaciones periodísticas por lo que se impone redoblar esfuerzos para que la iniciativa finalmente se convierta en ley.

Es con ese propósito que se iniciará una nueva estrategia con los legisladores que conformarán el Congreso. Precisamente, una de ellas es que casi 6.000 firman avalan el pedido para la sanción de una ley que posibilite a la ciudadanía conocer quienes financian las candidaturas en cada elección.

Respecto al seguimiento del gasto de la propaganda política a través de la TV abierta, se informó de los montos de cada sector, los excesos del tiempo legalmente establecido para cada partido, movimiento o alianza política y la inacción de la Justicia Electoral al respecto. A la vez se aclaró que los medios masivos de comunicación no destacaron el hecho porque la ley sanciona tanto a candidaturas como a empresas de comunicación que violan el Código Electoral en ese rubro.