Casi 6.000 firmas avalan pedido de sanción de ley para regular financiamiento político
Actividades Abril 25th, 2008Gestión será ahora con los nuevos parlamentarios
Ya son 5.862 los firmantes del pedido de tratamiento en el Poder Legislativo del Anteproyecto de ley de Regulación del Financiamiento Político, que a través de la campaña “Mira quién paga” instaló el tema en el debate de las campañas electorales recientes. Antes del inicio del próximo periodo legislativo los diputados y senadores electos recibirán copia del Anteproyecto.
La iniciativa del Grupo Impulsor para la Regulación del Financiamiento Político lleva ya dos años de gestión ante integrantes de las distintas bancadas parlamentarias.
A través de la campaña “Mira quien paga”, que cobró mayor impulso durante la reciente campaña electoral para las elecciones del 20 de abril, se ha logrado que 5.610 personas firmen el pedido a través de voluntarios instalados en la vía pública y otras 252 hicieron lo mismo a través de la página web www.financiamientopolitico.org.py
Las tratativas para lograr la sanción serán ahora con los nuevos integrantes del Congreso que iniciarán su labor el 1 de julio, aunque muchos de ellos ya están en conocimiento por pertenecer al Congreso aún vigente.
En su carta de intención, el Grupo Impulsor reconoce que “dinero es una herramienta central de las campañas electorales que es utilizado con fines prebendarios, generando clientelas políticas e impidiendo la construcción de una ciudadanía consciente de sus derechos y sus potencialidades para cambiar el sistema político del país”.
Es por ello su propósito de trabajar “para mejorar y ampliar la normativa existente, en los artículos referentes al financiamiento político y de campañas electorales, y paralelamente, promover la conciencia ciudadana para el control del origen y destino de los fondos utilizados por los partidos políticos, de modo que esta información sea un factor influyente en su decisión electoral”.
Las recientes elecciones de nuevo evidenciaron la necesidad de una ley de regulación del gasto de campañas políticas por el inmenso caudal de dinero cuyo origen ha sido escasamente informado.







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