La ley 276 le faculta investigar uso del dinero público

 El anuncio de la Contraloría General de la República de auditar a noventa organizaciones no gubernamentales que reciben aporte del Estado allana el camino para que similar actitud asuma respecto al dinero público que reciben los partidos políticos en carácter de aporte y subsidio electoral. A la vez, queda sin argumento la respuesta de que estas organizaciones no pueden ser auditadas por ser de carácter privado, tal como dijo una importante funcionaria del órgano contralor en la Audiencia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.

Sumado a todo ello, entre los deberes y atribuciones de la institución está la potestad de investigar el uso de aportes estatales a organismos privados, según señala el inciso E del artículo 9 de la Ley 276/94 que rige a la Contraloría General de la República.

En declaraciones a la prensa el doctor Octavio Airaldi, Contralor General de la República, admite que se no se sabe cómo utilizan fondos públicos un significativo número de organizaciones educativas y sin fines de lucro por lo que se decidió la auditoria a las mismas. El Estado tiene presupuestado este año destinar a las ONG G. 41.593.400.000, alrededor de 10 millones de dólares.

La resolución 673 de fecha 24 de julio de la Contraloría dispone la realización de un examen especial a la Dirección General del Tesoro Público, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a los efectos del examen de cuentas de las rendiciones de los fondos públicos transferidos en concepto de aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro.

Todo indica que el organismo contralor del Estado está facultado para investigar qué destino le dan los partidos políticos al dinero que reciben periódicamente en concepto de aporte y tras las elecciones en el rubro subsidio electoral, que por ciento son cifras significativas.

Debe recordarse que en junio el Congreso saliente aprobó una ampliación presupuestaria de más de 60 mil millones de guaraníes para el Tribunal Superior de Justicia Electoral para distribuir luego a partidos, movimientos políticos y alianzas electorales que participaron de los comicios de abril.