Al igual que por aquí, en Centroamérica el escenario político es el que despierta más pesimismo. Investigadores sociales de países centroamericanos coinciden en afirmar que ante la carencia de debates ideológicos, hay crisis de liderazgos en los partidos políticos, lo que hace que la política se haya vuelto mediática, con lo que cada campaña electoral es cada vez más cara.

Las elecciones ganan quienes tienen más fondos. Quien quiere acceder a un cargo, ingresa  a un partido, busca una figuración, y como no hay debate ideológico, los partidos están vacíos de contenido, por lo que se vuelven absolutamente clientelistas. Si el candidato no tiene los recursos necesarios, busca un financista que solvente su campaña, y construye ésta sobre la base de las prebendas. Como las regulaciones de financiamiento político no existen o no se respetan, el sistema está abierto a todo tipo de aportes: de empresas, lavado de dinero, incluso de narcos; lo que genera que quienes ganan las elecciones, deban retornar los aportes recibidos, que generalmente es a través de “cupos” en la función pública, licitaciones amañadas, cesión para la utilización de itinerarios –en el caso de los empresarios del transporte-, etc.

¿Y en Paraguay?

Situaciones similares son constantemente denunciadas en nuestro país. Quizá por eso, ningún partido, alianza o movimiento político que participó de las últimas elecciones generales en Paraguay, quiso rendir cuentas de las fuentes privadas de sus fondos de campaña así como el destino de esos fondos. Si bien, el actual Presidente de la República hizo una rendición parcial, que no coincide con los costos de su campaña publicitaria en medios masivos difundidos en Asunción y Departamento Central, así como con otros medios utilizados de altísimo costo como el avión para sus traslados cuando fue candidato.

A esto se suma que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) nunca quiso difundir públicamente los fondos estatales que son distribuidos a los partidos y movimientos políticos, luego de cada elección, así como las rendiciones de cuentas que obligatoriamente deben realizar estas organizaciones políticas al citado Tribunal. Por ello, constituye un avance que la Contraloría General de la República se encuentre realizando un examen especial a los fondos entregados a los partidos y rendidos por éstos al TSJE.

Transparentar el origen y el uso del dinero en las actividades político-partidarias es fundamental para controlar quiénes son los financistas y analizar posibles intereses que defenderán los eventualmente electos, porque al estar expuestos a los intereses económicos de las fuentes que financiaron la campaña, olvidan las tareas de Estado.