“El dinero sucio es dinero mal habido, es decir no sólo obtenido fuera de la legalidad, sino también ilegítimamente en lo referente a los aspectos morales y éticos”.

Así inicia el artículo del periodista Raúl Iragorri, en la revista “La Jornada”, de Morelos-México, haciendo alusión a la inmensa cantidad de dinero sucio “invertido” en las campañas electorales mexicanas. Un extracto de dicho artículo lo reproducimos porque señala situaciones que pueden considerarse similares al caso paraguayo, en relación con el origen y el destino del dinero privado que incursiona en las campañas electorales.
Hoy se habla mucho de la enorme masa de dinero que el crimen organizado obtiene por sus ilícitas operaciones, recursos que se blanquean de diversas maneras: ya sea a través del establecimiento de todo tipo de negocios y empresas, o vía inversiones sofisticadas que resultan altamente rentables para el mantenimiento, y en el mejor de los casos, para el ensanchamiento de dichas organizaciones. También, para operar organizadamente, requieren de la complicidad de las autoridades, incluso de funcionarios y mandatarios del más alto nivel. Así las cosas, para estas sociedades criminales resulta vital invertir en las campañas políticas de toda clase de mandatarios. Por esto, resulta evidente que muchos de los integrantes de la llamada clase política, a raíz de dichos contubernios así como de otras maniobras ilegitimas y fraudulentas -aunque difícilmente sancionables desde el ámbito de la corrupta justicia que en el país padecemos- también obtienen dinero sucio, que requiere ser lavado y perfumado.

La renovada legislación mexicana en materia electoral, prevé modificaciones tales como la disminución de los tiempos de campaña a la mitad, a la vez que la imposibilidad de los candidatos para contratar por sí mismos tiempos de publicidad, ya que éstos serán contratados directamente por los institutos electorales respectivos. Igualmente, se dice que el dinero empleado en las campañas se auditarán con mayor eficiencia, mientras que las trasgresiones serán sancionadas con mayor severidad, con el fin que la competencia sea más equitativa entre los candidatos. Pero, también para evitar que el dinero sucio penetre en las campañas. No obstante estas previsiones en la ley, está claro que el dinero “sucio” será utilizado en las campañas de algunos candidatos y probablemente como política general de algunos partidos políticos.

Todos aquellos que en México hemos participado en contiendas político electorales sabemos cómo los gobernantes en el poder desvían recursos, no sólo financieros sino de toda índole, para apoyar a sus candidatos. Suponiendo que en próximas elecciones efectivamente no se podrá utilizar dinero para comprar tiempo aire formalmente; con toda seguridad informalmente se podrán comprar gacetillas, entrevistas favorables y todo tipo de apoyos mediáticos mediante la tradicional y muy arraigada práctica de sobornar vía “dinero bajo la mesa”, a los entes informativos. Adicionalmente, dada la descomunal crisis económica que se padece en el país, es previsible que el dinero sucio se utilice aún con mayor intensidad que antes en la compra de conciencias, las que mayormente se entregarán por hambre, sin embargo otras se venderán por ambición. Entre los que anteponen la ambición egoísta a los deberes cívicos posiblemente se cuenten algunos funcionarios electorales. Así las cosas, vale decir que las conciencias que se venden no son fiscalizables. ¡No dan factura! Lo que las constituye como un campo más que fértil para sembrar dinero sucio.