Fiscal Electoral considera inviable una cosa sin la otra

 El Fiscal Electoral de la Capital, Carmelo Caballero, considera que la vigencia del Impuesto a la Renta Personal es vital para el proceso de transparencia del financiamiento de las campañas políticas. Admite que no pasó desapercibido el impresionante despliegue económico de partidos, movimientos políticos y alianzas electorales en las elecciones de abril pasado por lo que se expresó a favor de la sanción del anteproyecto de ley de regulación del financiamiento político.

Se mostró cauto, sin embargo, ante la actual conformación del Congreso y las perspectivas de tratamiento y sanción de la propuesta del Grupo Impulsor para la Regulación del Financiamiento Político.

Desde la proclamación de los parlamentarios electos y tras las primeras sesiones se percibe que habrá intensas negociaciones en el tratamiento de leyes claves para la gobernabilidad y, en éste caso, en busca de la transparencia respecto al origen y uso de fondos de campañas políticas.

El agente del Ministerio Público en cuestiones electorales considera que una regulación del financiamiento de campañas políticas debe abarcar las internas de los partidos, movimientos y alianzas electorales, además de reducir el tiempo de las campañas para evitar lo que recientemente se vio  en cuanto a despliegue de dinero y la necesidad de un control integral.

Y la vigencia del Impuesto a la Renta Personal permitirá a los organismos estatales de control la capacidad de verificar cifras y declaraciones contables. El fiscal Caballero, en tal sentido, considera que la sanción de la ley de regulación del financiamiento político debe estar acompañada por la normativa que permite al Fisco el control de la renta personal.

Respecto a la regulación de los espacios para la propaganda política en televisión durante las campañas electorales, si bien dejó en claro que aparece como la opción más justa, dijo que no será fácil convencer a los sectores involucrados en cada convocatoria electoral e igualmente a los que pueden ver mermadas su capacidad de facturación en tal periodo, es decir los propietarios de canales de televisión.

Hay que recordar que el anteproyecto plantea que a través de la Justicia Electoral se compren los espacios en TV y se distribuya equitativamente entre los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales y evitar los excesos de gastos y tiempo legalmente permitidos, tal como ocurrió para los comicios de abril.