Por uso del avión de la Ande para gira política de Blanca Ovelar

El fiscal electoral de la capital, Carmelo Caballero, recurrió a la Corte Suprema de Justicia con el propósito de evitar un virtual “congelamiento” de su denuncia por el uso de un avión de la Ande para un acto político por parte de la precandidata oficialista Blanca Ovelar. La presentación ante el máximo tribunal es ante la intervención de la Justicia Militar que pretende entender en un caso electoral.

Caballero interpuso un recurso de reposición contra la providencia del Juzgado Electoral de Capital, que ordenó la suspensión de la investigación a raíz de que el juzgado de Instrucción Militar del Tercer Turno se declarara competente e iniciara una investigación sobre el hecho.

En su presentación a la Corte, el fiscal electoral alega que la competencia para atender faltas electorales es de los juzgados electorales, en atención a los artículos 3, inciso “f”; y 15, inciso “b” de la Ley 635/95.

Igualmente señala que el artículo 174 de la Constitución Nacional, según el cual los tribunales militares tienen competencia sólo para juzgar delitos previstos en las leyes castrenses y explica que si un hecho está sancionado por la ley penal y la militar, sólo debe ser considerado delito militar si lo ejecutó un miembro de esa fuerza en servicio activo y en el ejercicio de funciones castrenses.

El 4 de octubre el avión con matrícula ZP TZW perteneciente a la Ande trasladó a la ciudad de Pedro Juan Caballero a Blanca Ovelar, Carlos María Santacruz y comitiva para un acto de carácter proselitista. El hecho fue confirmado por la propia precandidata presidencial y el presidente de la Ande.

Ovelar quedó desvinculada de la investigación tras su declaración ante el juez electoral de la capital Reinaldo Poletti Cano. A partir de entonces la responsabilidad fue atribuida al general de brigada Roberto Marecos, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Paraguaya.
 
Esta situación dio lugar a la intervención de la Justicia Militar que logró el “paso al costado” del juez electoral. El caso igualmente alcanza a Félix Erico Ortiz, piloto que comandó la nave y que está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito a nivel de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos del Ministerio Público.

El fiscal Carmelo Cabalero espera una rápida decisión de la Corte Suprema de Justicia para que el caso no quede en el “freezer”.