Ausencia de control permite financiar la corrupción

Nils Candia Gini
Fondos destinados a partidos políticos utilizados como recursos para llevar adelante hechos de corrupción. Esta es la consecuencia observada por el presidente del Partido Revolucionario Febrerista, Nils Candia Gini, al no existir una fiscalización de lo que se gasta en el mantenimiento de los partidos y en las campañas electorales.

Para el titular del PRF, la importancia de un control de los recursos financieros de los partidos y las candidaturas políticas radica en que una mala fiscalización convierte los fondos en recursos de corrupción.

“En contrapartida, si hay un buen control del dinero esto hace que no se desnaturalice la función de las nucleaciones políticas y que no haya una subordinación de la conciencia”, aseveró.

En lo que respecta al control específicamente, enfatizó en que lo primordial es preocuparse por la conciencia cívica. Propuso además, no cargar a los partidos con la responsabilidad de solventar sus propagandas políticas.

“En Francia hay una ley que regula los tiempos asignados a los partidos para realizar sus propagandas en los medios de comunicación y esto hace el proceso de difusión mucho más equitativo”, agregó.

Del mismo modo se manifestó Candia Gini sobre la necesidad del control de los fondos utilizados en las elecciones internas.

Aporte de afiliados

En lo que concierne al sostenimiento de los partidos, el representante del PRF apostó porque cada afiliado abone una suma equitativa para mantener al partido político al cual pertenece. “Si uno es adepto a un club de fútbol, paga una suma mensual para ser socio y colaborar con el equipo, y lo mismo sucede con los partidos políticos”, sostuvo Candia Gini.

También manifestó que el Estado no tiene que derivar subsidios a los partidos políticos y que el dinero que se otorga debería utilizarse para solucionar los problemas de la ciudadanía. “Ellos (los ciudadanos) pagan para que el gobierno brinde los servicios necesarios”, acotó.

Por último, señaló que un proyecto de ley que regule el financiamiento de los partidos debe ser impulsado principalmente, por los afiliados y posteriormente, en caso de constituirse en ley, controlado por instancias como la Contraloría y el Tribunal Superior de Justicia Electoral.