Grupo Impulsor para la Regulación del Financiamiento Político,  presentó el Proyecto de Ley.

Luego de algunos años de intenso cabildeo, el Grupo Impulsor para la Regulación del Financiamiento Político, integrado por 23 organizaciones sociales y políticas, presentó el Proyecto de Ley que regula el financiamiento político. Para ello, contó con la firma y el apoyo de las Diputadas Desirée Masi (PDP) y Aída Robles (Tekojojá), y los Diputados Sebastián Acha (PPQ) y Salyn Buzarquis (PLRA), Presidente de la Cámara de Diputados. En el mismo acto, se hizo entrega al Presidente de la Cámara de Diputados, de las más de 6.000 firmas recolectadas durante la Campaña “Mira quién paga…”, en apoyo a una ley que regule el financiamiento político.

El Proyecto pretende afrontar los problemas detectados en el diagnóstico del sistema legal vigente, fundamentalmente en la tesitura de promover una mayor transparencia del financiamiento de la política, en consonancia con los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Las principales innovaciones del Proyecto se resumen en:

(I) la ampliación del ámbito de aplicación del marco legal vigente a los candidatos y a las internas partidarias, incluyendo disposiciones sobre contabilidad, control, rendición de cuentas, límites de gastos, entre otros; así como también, sanciones ejemplares para los candidatos que incumplen las normas;

(II) la prohibición de realizar aportes anónimos y la fijación de límites a los aportes, así como la posibilidad de deducir las contribuciones o donaciones de la renta bruta para determinar la renta neta a los efectos de calcular el Impuesto a la Renta Personal;

(III) el fortalecimiento de los mecanismos de control público y de control ciudadano con la mejora de mecanismos de rendición de cuentas y el acceso del público a la información así como a la individualización de los aportantes;

(IV) un porcentaje de los fondos públicos que reciban los partidos deben ser destinados a educación cívica y a promoción de organizaciones de mujeres y de juventud;

(V) la incorporación de la Contraloría General de la República, con un rol activo para controlar los fondos que el Estado entrega a los partidos y movimientos politicos